La situación política en España está llegando a unos niveles de degradación nunca vistos. De la mano de Pedro Sánchez, el Estado Español se está humillando, de manera insoportable, ante los partidos secesionistas a cambio de unos votos miserables en el Congreso para que el ególatra pueda seguir en la poltrona.

Sánchez y sus secuaces, con el aplauso casi unánime de su partido, han pactado ya con ERC una amnistía intolerable y unos privilegios fiscales para la Generalitat de Cataluña, con una clara discriminación respecto a las demás comunidades. Queremos dejar claro que esta amnistía no significa perdonar a los delincuentes y golpistas, sino afirmar, por parte del propio Estado, que los responsables de la sedición de 2017 ya no son ni delincuentes ni golpistas, y que, por tanto, pueden volver a repetir sus desafueros con total impunidad.

Pero para el fugado Puigdemont todas estas concesiones no son suficientes. En su pugna con ERC, el prófugo de la justicia quiere elevar el listón, y quiere incluir en la amnistía a la corrupta Laura Borrás y a su propio abogado, acusado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. La imagen de un representante del Estado Español sentado con Puigdemont bajo una fotografía con la urna sediciosa nos recuerda a la imagen de un cartel de la droga humillando a un estado fallido hispanoamericano.

Pero se equivocan los que creen que el único culpable es Pedro Sánchez. Tanto Sánchez como Puigdemont son hijos del régimen de 1978, un régimen que, desde sus orígenes, no ha hecho más que favorecer a las fuerzas secesionistas, darles prebendas y privilegios, sobrerrepresentación parlamentaría, y diluir cada vez más la conciencia de los españoles de pertenecer a una Patria común.